ARTICLE 307-A OF THE PERUVIAN PENAL CODE: A CRIMINAL APPROACH TO ILLEGAL MINING AND ENVIRONMENTAL DAMAGE

 Neil Tejada Pacheco¹

 (1)  Universidad Católica de Santa María, Arequipa - Perú

 RESUMEN: El artículo 307-A del Código Penal Peruano establece sanciones penales para quienes realicen actividades mineras sin autorización o fuera del proceso de formalización, cuando estas causen o puedan causar daño al ambiente. Este artículo ha sido objeto de debate por su naturaleza de ley penal en blanco, su aplicación en contextos de informalidad estructural, su impacto en la protección ambiental y su aplicación efectiva con penalidades de cárcel. Este trabajo analiza su evolución normativa, su interpretación jurisprudencial y las opiniones de algunos entendidos en derecho penal y ambiental.

 Palabras clave: minería ilegal, daño ambiental.

ABSTRACT: Article 307-A of the Peruvian Penal Code establishes criminal penalties for those who carry out mining activities without authorization or outside the formalization process, when these activities cause or may cause environmental damage. This article has been the subject of debate due to its nature as a blank penal law, its application in contexts of structural informality, its impact on environmental protection, and its effective enforcement with prison sentences. This paper analyzes its normative evolution, its jurisprudential interpretation, and the opinions of some experts in criminal and environmental law.

 Keywords: illegal mining, environmental damage.

 1. INTRODUCCIÓN

La minería ilegal representa uno de los mayores desafíos ambientales y sociales del Perú. Frente a esta problemática, el Decreto Legislativo N.º 1102 incorporó el artículo 307-A al Código Penal, estableciendo penas privativas de libertad y multas para quienes realicen actividades extractivas mineras sin autorización. Esta norma surgió como respuesta a una problemática creciente en el país: la expansión descontrolada de actividades extractivas mineras que, al margen de la legalidad, la generación de graves impactos ambientales, sociales y económicos, además de su confusión con el delito de contaminación ambiental (artículo 304). No obstante, siguen ambas generando controversias sobre su aplicación efectiva.

 2. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO 307-A

Avocándonos solo al artículo 307-A de nuestro Código Penal peruano, es claro que se sanciona a quien realice actividades de exploración, extracción o explotación de recursos minerales (metálicos o no metálicos) sin autorización administrativa, siempre que estas actividades causen o puedan causar daño al ambiente, la calidad ambiental o la salud pública. Ojo. no requiere un daño efectivo, lo ha confirmado la Corte Suprema.

Su antecedente y por ende su parecido en la redacción, es el artículo 304 del mismo Código Penal como lo señalamos, dado que antes se hacía la misma actividad de extracción de mineral, pero se consideraba “hurto de mineral” o “alteración paisajista” pero no directamente actividad minera ilícita.

 La pena prevista para el delito de minería ilegal, es de cuatro a ocho años de prisión preventiva y multa. Además, se sanciona de igual forma a quienes operen fuera del proceso de formalización minera. En caso de culpa, se prevé una pena reducida o la prestación de servicios comunitarios.

 Este tipo penal se estructura entonces bajo tres supuestos:

1.     Actividad minera sin autorización administrativa.

2.     Actividad minera fuera del proceso de formalización.

3.     Comisión culposa del delito.

 3. OPINIONES DOCTRINALES, JURISPRUDENCIA RELEVANTE Y CRÍTICAS

Según el Observatorio de Jurisprudencia Penal, la Corte Suprema ha establecido que no se requiere un daño ambiental efectivo, sino que basta con la puesta en peligro del ambiente para configurar el delito (Casación 464-2016, Pasco). Además, se ha reconocido que la minería ilegal puede ser delito fuente de lavado de activos (Casación 1408-2017, Puno). Esta orientación preventiva es coherente con los compromisos internacionales del Perú en materia ambiental y con el derecho constitucional a un ambiente sano. Además, se ha precisado ya hace varios años que el informe de la autoridad administrativa no es un requisito de procedibilidad, lo que refuerza el carácter autónomo del tipo penal. Cosa con la que tuvieron que lidiar, hasta hace algunos años, los fiscales ambientales en los procesos judiciales que iniciaban.

El segundo párrafo del mismo 307 A tampoco requeriría de una norma externa para definir la ilicitud, pues basta con verificar si el sujeto se encuentra o no dentro del proceso de formalización ante algún Gobierno Regional.

 En una tesis de la Universidad Señor de Sipán, el investigador Carlos Aguilar concluye que la no formalización de la minería genera un daño irreversible al ecosistema y está asociada a un alto índice de criminalidad en zonas de actividad minera ilegal. Asimismo, se destaca que el artículo 307-A actúa como un mecanismo de presión penal para incentivar la formalización, aunque su eficacia es limitada si no se acompaña de políticas públicas integrales.

 Algunos expertos como Gonzales Herrera (de la PUCP) han señalado que el artículo 307-A es una ley penal en blanco, ya que remite a normas administrativas para definir la ilicitud de la conducta pero en realidad creemos que no ese el problema de la no penalidad efectiva al delito en mención sino el hecho que existe una línea dentro de la redacción del mismo que no permite a los Fiscales iniciar siquiera el proceso de investigación penal por Minería Ilegal al solamente haber presentado la solicitud de inicio del proceso de formalización ante la “ventanilla o mesa de partes” de la oficina de cualquier GORE. Esto plantea pues desafíos en términos de legalidad penal y seguridad jurídica que se suman a presión mediata y mucho dinero de por medio para pasar a una persona de minero ILEGAL a INFORMAL y volverse impune indefinidamente.

 4. IMPLICANCIAS SOCIALES Y CRIMINOLÓGICAS

Hay que tener en cuenta que la minería ilegal no solo afecta al medio ambiente, sino que también se vincula con otros delitos, principalmente con el lavado de activos, la trata de personas y la criminalidad organizada. La falta de formalización minera ha generado ya zonas de ilegalidad total donde el Estado ha perdido el control y el respeto a las normas mínimas de convivencia pacífica, lo que incrementa cada día la violencia y la vulnerabilidad de cada vez más grandes poblaciones locales. Ojo nada ha garantizado hasta hoy que los pocos mineros formalizados han cuidado del ambiente y respetan las normas que rigen su actividad, pero por lo menos pueden ser visibles y pasibles de fiscalización ambiental por parte del Estado.

 Si es preocupante, que cada vez menos gente cuestione si el enfoque punitivo es suficiente para abordar un fenómeno estructural como la minería informal, que como sabemos, responde a factores económicos, sociales y territoriales evidentes. Así, se está normalizando el señalar equivocadamente que la minería legal afecta igual que la ilegal y por ende no se combate ninguna y se protesta sólo por la mas “grande”, la minería formal pre establecida en varias regiones de nuestro país.

 5. CONCLUSIONES

El artículo 307-A representa un avance en la protección penal del ambiente, pero su eficacia depende de una correcta interpretación legal y judicial, una adecuada articulación con el derecho administrativo y con políticas públicas que promuevan la formalización minera o en su defecto, su combate real y efectivo en favor de un ambiente sano y equilibrado.

La criminalización, sin alternativas viables posiblemente agrave también la exclusión y la conflictividad social, tanto en zonas rurales como urbanas, como se viene dando en la actualidad pero su penalización efectiva, dependerá de una aplicación coherente por parte del sistema fiscal-judicial y del gran esfuerzo de muchos actores para verdaderamente querer cuidar el ambiente.

Así, creemos que la redacción del artículo 307 – A, debe cambiar con urgencia pero debe estar ligada a una clara política pública de combate a la ilegalidad minera y no orientada solamente a una irreal formalización que no tiene cuando acabar gracias a la politización de los actuales “actores” políticos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1].   Atencio Sotomayor, R. D. (2024). El delito de minería ilegal y la ley penal en blanco. PUCP.

[2].   Choque Cerpa, A. X. (2017). Impunidad en la Comisión de los delitos de Minería Ilegal. UCSM.

[3].   LP Derecho. (2023). Jurisprudencia del artículo 307-A del Código Penal. https://lpderecho.pe/articulo-307-a-codigo-penal-delito-mineria-ilegal/

[4].   Aguilar Cordova, C. O. (2024). Análisis del artículo 307-A frente a los procesos de formalización. USS.

 Correspondencia

Dr. Neil Tejada Pacheco

E-mail: ntejada@ucsm.edu.pe